Enrique Fárez

La campaña de 2027 ya se juega en TikTok: lo que Guacimara enseña a los políticos

El humor laboral de Sarah Lómore muestra cómo los creadores construyen discurso político mientras partidos e instituciones todavía intentan adaptar a las redes sus viejas formas de comunicar.

Una trabajadora vive en Arucas y su empresa quiere enviarla temporalmente a La Aldea. No tiene coche. Pregunta si le pagarán el desplazamiento y la dieta. Su jefa se niega: bastante hace, viene a decirle, con darle trabajo. Cuando la empleada insiste en sus derechos, la conversación termina con una acusación política: este país se está llenando de vagos que no hacen más que reclamar.

La escena dura menos de un minuto. No pertenece a un informativo, a un debate electoral ni a la cuenta de un sindicato. Es uno de los vídeos de Sarah Lómore, creadora canaria que ha construido buena parte de su presencia en TikTok alrededor de Guacimara, una trabajadora que se enfrenta a situaciones de explotación laboral, y de una jefa capaz de justificar casi cualquier abuso.

Sarah interpreta a los dos personajes y construye diálogos rápidos sobre turnos partidos, horas extraordinarias, nóminas, nocturnidad, bajas o desplazamientos. Los vídeos se presentan como humor y algunos como escenas basadas en hechos reales. Bajo esa apariencia circula una interpretación de las relaciones laborales, del poder empresarial y del valor concedido a los derechos.

Ese «algo más» es cada vez más importante para entender la comunicación política.

Cuando grabar en vertical ya no es suficiente

Partidos, instituciones y cargos públicos han mejorado notablemente la producción de sus redes sociales. Cuentan con equipos, preparan vídeos verticales, incorporan subtítulos y aprenden a mirar a cámara. El resultado es más profesional, pero muchas veces conserva un modelo antiguo: una persona con autoridad habla y el público escucha.

Es una televisión institucional adaptada al teléfono.

El problema no está en la cámara ni en la capacidad del político para expresarse. El ecosistema ha cambiado mucho más deprisa. En TikTok, un cargo público no compite solamente con la oposición o los medios: comparte pantalla con humoristas, divulgadores, activistas y creadores que hablan de vivienda, trabajo, impuestos o servicios públicos sin presentarse como comentaristas políticos.

TikTok amplía las fronteras de la información

El Digital News Report 2026 del Reuters Institute permite medir parte de ese desplazamiento. En el conjunto de los mercados estudiados, el consumo semanal de noticias a través de redes sociales y plataformas de vídeo alcanza ya el 54 %, por encima del acceso mediante las webs y aplicaciones de los propios medios, situado en el 51 %. El 30 % señala las redes y el vídeo como su fuente principal de información, frente al 22 % de cinco años antes.

TikTok es uno de los mejores ejemplos del cambio. Su utilización para cualquier finalidad ha pasado del 15 % al 37 % entre 2021 y 2026. Su uso específicamente informativo alcanza el 20 %, mientras que el consumo semanal de vídeo informativo dentro de la plataforma ha crecido del 14 % al 21 % desde 2023.

Estos datos no significan que todos los vídeos que aparecen en TikTok sean noticias. Indican algo más profundo: las fronteras de lo que ayuda a una persona a comprender la actualidad se han vuelto menos nítidas.

El propio informe distingue entre creadores dedicados expresamente a las noticias y otros que tratan asuntos públicos desde ámbitos próximos, como el humor, la cultura o las experiencias personales. Al sumar ambos grupos, el 46 % de los encuestados afirma haber utilizado alguna de estas fuentes durante la última semana. Las instituciones, por tanto, ya no hablan solamente con periodistas: también necesitan entender a los creadores digitales.

Guacimara convierte la precariedad en una escena

Sarah Lómore encaja en esa zona fronteriza. Su cuenta reúne más de 51.000 seguidores y 2,3 millones de «me gusta». Un vídeo sobre empezar a trabajar como dependienta en Canarias supera las 360.000 visualizaciones. Pero importa, sobre todo, cómo convierte cuestiones abstractas en escenas reconocibles.

En uno de los vídeos, la jefa explica a una nueva empleada que deberá comprarse el uniforme, comenzar antes de su hora, terminar más tarde y asumir funciones superiores a su categoría. Todo se justifica apelando a una idea muy extendida: en Canarias no conviene quejarse porque, al menos, se tiene trabajo.

En otro, Guacimara descubre que el turno nocturno se paga a cinco euros la hora. Cuando menciona el salario mínimo y la nocturnidad, la jefa presenta esos conceptos como tecnicismos incomprensibles y responde que trabajar de noche supone encender la luz, por lo que alguien tendrá que asumir ese gasto.

La explicación es absurda, pero el mecanismo político es muy eficaz. La creadora no necesita definir la precariedad ni impartir una clase sobre legislación laboral. Coloca frente al espectador a una trabajadora que formula una reclamación razonable y a una empresaria ficticia que responde desde una posición de poder. El público entiende el conflicto antes incluso de conocer la norma.

Ahí aparece la diferencia con buena parte de la comunicación institucional. El político comienza por su mensaje; Sarah, por una situación que reconoce el espectador. El político explica; ella representa. El mensaje institucional adopta el punto de vista de quien gobierna. El vídeo de la creadora, el de quien soporta las consecuencias.

La identidad canaria tampoco es un decorado. Aparece en los nombres, las expresiones, el paro, las viviendas vacacionales y la distancia entre Arucas y La Aldea. El espectador no recibe una reflexión genérica sobre el mercado laboral, sino una escena que podría haber escuchado en una tienda o entre compañeros.

Esto no convierte a Sarah Lómore en periodista ni demuestra la exactitud jurídica de cada escena. Pero sí la convierte en un actor del espacio público: sus vídeos identifican problemas, muestran relaciones de poder y proporcionan un marco para interpretar la realidad mientras el público consume humor.

La lección para la campaña de 2027

La consecuencia para instituciones, partidos y candidatos no debería ser comenzar a imitar sketches ni obligar a los políticos a interpretar personajes. Sería una lectura superficial. La lección es que la comunicación nativa de las plataformas no se limita a grabar en vertical o añadir subtítulos.

Requiere dejar de pensar que el cargo público siempre debe ser el protagonista. Exige comenzar por los conflictos que reconoce la gente, comprender los códigos culturales del territorio y asumir que el discurso político también se está construyendo fuera de las cuentas oficiales.

De cara a las elecciones de mayo de 2027, llegar con mejores cámaras y dirigentes más entrenados será insuficiente. Eso habría representado una ventaja en 2019 o en 2023. Ahora, la disputa se produce dentro de un flujo en el que un vídeo institucional convive con una escena humorística capaz de explicar en cincuenta segundos una relación laboral, una desigualdad económica y hasta una forma de entender los derechos.

La política continúa hablando desde sus cuentas. Pero cada vez hay más actores que hacen política sin anunciarla, y que probablemente conocen mucho mejor el lenguaje del lugar en el que esa conversación está ocurriendo.

X marca la conversación política, pero no siempre refleja lo que piensa la calle

Este artículo forma parte de la serie «El futuro del poder», una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando la escucha política y sobre los límites de las plataformas para representar a la ciudadanía.

X marca la conversación política, pero no siempre refleja lo que piensa la calle. La plataforma sigue siendo un lugar donde periodistas, dirigentes, partidos y personas muy interesadas en la actualidad reaccionan con rapidez. Una frase publicada allí puede abrir un informativo, provocar una respuesta oficial y ordenar la discusión pública durante varias horas.

Precisamente por esa influencia resulta fácil confundir la conversación visible con la opinión del conjunto de la ciudadanía. X muestra una parte relevante del debate, pero esa parte está seleccionada por quién utiliza la plataforma, a quién sigue, qué decide amplificar el algoritmo y qué comunidades publican con mayor intensidad.

La inteligencia artificial permite analizar miles de mensajes, agrupar temas y detectar cambios de tono. Es una capacidad valiosa para cualquier equipo de comunicación. Pero una herramienta que resume con precisión lo que ocurre en X sigue hablando de X. No convierte una plataforma en una encuesta ni una tendencia en una mayoría social.

X es un radar rápido, no un mapa completo de la sociedad

En El futuro del poder describo X como un espacio especialmente influyente para la comunicación política en tiempo real. Allí se anuncian posiciones, se retransmiten debates, se corrigen afirmaciones y se organizan comunidades. Su estructura favorece la respuesta inmediata y permite que una cuenta pequeña intervenga en la misma conversación que un dirigente o un gran medio.

Esa apertura produce información útil. Una administración puede detectar una incidencia, una pregunta repetida o una interpretación que necesita aclaración. Un periodista puede localizar fuentes y comprobar cómo reaccionan distintos actores. Un partido puede observar qué argumentos movilizan a sus seguidores.

El problema aparece cuando esos indicios se presentan como una fotografía representativa del país, de una isla o de un municipio. Las personas que publican sobre política en X no son una muestra aleatoria. Algunas intervienen muchas veces al día y otras solo leen. Hay sectores de edad, profesiones y comunidades con mayor presencia que otros. Además, el contenido más visible no es necesariamente el más compartido por la población, sino el que consigue atravesar determinados filtros algorítmicos y redes de seguimiento.

La investigación del Pew Research Center sobre la experiencia informativa de los usuarios de X muestra hasta qué punto la plataforma está ligada al consumo de noticias y a la actualidad política entre quienes la utilizan. Ese dato explica su influencia, no autoriza a tratar a sus usuarios como si representaran a toda la sociedad.

La diferencia es parecida a la que existe entre escuchar una plaza concurrida y hacer un censo. En la plaza ocurren cosas importantes: se forman argumentos, aparecen conflictos y hablan personas con capacidad de influir. Pero no están allí todos los vecinos ni cada voz pesa en proporción a la población.

Por eso, cuando un asunto despega en X, la conclusión correcta no es “la ciudadanía piensa esto”. La conclusión prudente es “hay una conversación que merece ser examinada”. Después hay que comprobar quién participa, qué acontecimiento la activó, cómo circula y si aparece también en consultas, medios, búsquedas, atención ciudadana o investigación demoscópica.

La IA ordena el ruido, pero también puede agrandar sus sesgos

Los sistemas de análisis actuales pueden agrupar publicaciones por tema, reconocer entidades, resumir posiciones y localizar picos de actividad. En el trabajo de MMI Analytics, estas señales se utilizan para ayudar a los equipos a entender qué relatos circulan en medios y espacios públicos digitales, siempre como una capa de observación que necesita contexto y criterio humano.

La automatización resuelve un problema de escala. Ninguna persona puede leer por sí sola decenas de miles de publicaciones. Sin embargo, el resumen hereda la composición de los datos. Si una comunidad coordinada publica de forma masiva, el sistema puede interpretar volumen como importancia social. Si una frase irónica se repite, un clasificador puede leerla como apoyo. Si determinados grupos no están presentes, ninguna tecnología puede inventar correctamente su opinión.

Los bots y las cuentas coordinadas añaden otra dificultad. No toda repetición es espontánea y no toda coincidencia demuestra coordinación. Acusar sin pruebas puede ser tan dañino como ignorar una manipulación real. La IA puede señalar comportamientos anómalos, pero la atribución requiere revisar secuencias, relaciones, contenido y evidencia verificable.

También conviene separar visibilidad y sentimiento. Una crisis puede generar muchas menciones negativas entre una comunidad pequeña y muy activa. Una decisión pública importante puede recibir poco comentario porque las personas afectadas no utilizan la plataforma. El silencio digital no equivale a aceptación, igual que el ruido no equivale a mayoría.

Esta cautela estaba en el centro de mi análisis sobre las menciones y la comprensión. Las métricas permiten observar la circulación de un mensaje. Para saber si fue entendido hay que mirar preguntas, errores recurrentes, comportamiento y experiencia real con el servicio o la decisión comunicada.

La IA debe utilizarse para formular mejores preguntas. ¿Qué tema está creciendo? ¿Quién lo impulsa? ¿Qué dato falta? ¿Existe una preocupación real detrás de una consigna? Cuando se usa para producir una respuesta automática sobre “lo que piensa la gente”, convierte una señal parcial en una certeza aparente.

Escuchar bien exige salir de la plataforma

Una institución o un dirigente no debería abandonar X. Su velocidad y su relación con periodistas y actores políticos la mantienen como un espacio estratégico. Lo razonable es situarla dentro de una escucha más amplia.

Una tendencia sobre transporte puede contrastarse con incidencias registradas, tiempos de espera, consultas vecinales y entrevistas a usuarios. Una polémica sanitaria exige mirar datos, preguntas recibidas y profesionales afectados. Una reacción política puede compararse con medios locales, otras redes, buscadores y conversaciones presenciales.

Ese contraste no busca neutralizar una crítica incómoda. Sirve para dimensionarla y comprenderla. A veces X anticipa un problema que después se extiende. Otras veces concentra un conflicto que apenas sale de una comunidad política. En ambos casos la plataforma aporta valor si se interpreta como señal y no como veredicto.

La respuesta pública también debe evitar el reflejo de contestar solo a quien genera más ruido. Una institución puede aclarar información falsa sin convertir cada provocación en el centro de su agenda. Escuchar incluye decidir qué requiere una respuesta individual, qué necesita una explicación general y qué debe resolverse mediante el servicio correspondiente.

Como expliqué en el artículo sobre la escucha institucional, el objetivo no es acumular señales, sino convertirlas en preguntas que mejoren la decisión y la comunicación. La herramienta es útil cuando ayuda a llegar antes a una duda real; deja de serlo cuando sirve para confirmar la impresión del equipo que la consulta.

La síntesis es esta: X influye de manera desproporcionada en la conversación de periodistas, dirigentes y públicos muy politizados. Por eso debe observarse con atención. Pero sus usuarios, algoritmos y ritmos no representan por sí solos a toda la ciudadanía. La IA puede ordenar ese caudal y detectar asuntos emergentes; para hablar de opinión pública hay que contrastar la señal digital con otras fuentes, otros espacios y la experiencia cotidiana de las personas.

Los gobiernos ya no hablan solo con periodistas: también deben entender a los creadores digitales

Este artículo forma parte de la serie «El futuro del poder», una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial y los nuevos intermediarios están cambiando la comunicación entre gobiernos, instituciones y ciudadanía.

Los gobiernos ya no hablan solo con periodistas: también deben entender a los creadores digitales. Una parte creciente de la ciudadanía se informa a través de pódcast, vídeos, boletines, emisiones en directo y comunidades especializadas. Quien explica una ayuda, una obra pública o un problema de vivienda puede no trabajar en un periódico y, sin embargo, mantener una relación diaria con miles de personas interesadas en ese asunto.

Esto no convierte a todos los creadores en periodistas ni significa que una institución deba tratarlos como una nueva lista de altavoces. Significa que el mapa de intermediarios se ha ampliado. Ignorarlo deja conversaciones relevantes sin información pública; intentar controlarlo degrada la credibilidad de quienes participan.

La inteligencia artificial acelera este cambio porque abarata la producción, la traducción, el subtitulado y el análisis de audiencias. Hoy una persona puede mantener un canal temático con recursos que antes exigían un pequeño medio. La institución necesita aprender a relacionarse con ese ecosistema sin confundir alcance con autoridad ni colaboración con propaganda.

Una comunidad pequeña puede ser más relevante que una audiencia enorme

En El futuro del poder analizo cómo la comunicación política ha pasado de depender de unos pocos canales a convivir con redes, plataformas de vídeo, pódcast y emisiones en directo. Los creadores aportan una forma distinta de intermediación: suelen hablar con un lenguaje cercano, responden a su comunidad y desarrollan una especialización que no siempre cabe en la agenda generalista.

Un canal sobre movilidad puede explicar mejor una nueva red de guaguas que una cuenta con millones de seguidores sin relación con el territorio. Una asociación vecinal que emite entrevistas puede detectar dudas que no aparecen en una rueda de prensa. Un divulgador sanitario puede traducir una campaña preventiva sin perder rigor si dispone de datos y de acceso a especialistas.

La relevancia depende, por tanto, de la relación entre el tema, la comunidad y el ámbito territorial. Las cifras de seguidores ayudan a dimensionar, pero no sustituyen esa lectura. Una institución que solo persigue grandes audiencias acaba premiando el espectáculo y dejando fuera a quienes conocen el problema concreto.

La IA puede ayudar a descubrir comunidades, ordenar temas y localizar preguntas recurrentes. También puede transcribir horas de conversación y detectar cuándo una explicación oficial no está resolviendo la duda real. Pero el sistema debe utilizarse para escuchar mejor, no para clasificar automáticamente a las personas según su utilidad política.

La experiencia institucional tiene aquí una ventaja que a veces desaprovecha: conserva datos, expedientes, técnicos y conocimiento acumulado. El creador aporta lenguaje, relación y formato. Cuando cada parte mantiene su función, la colaboración puede mejorar la comprensión pública. Cuando la institución pide obediencia editorial, el contenido pierde precisamente la confianza que pretendía aprovechar.

Esta lógica se parece a la que describí en el artículo sobre escuchar antes de decidir y comunicar. Escuchar no consiste en buscar a quien confirme el mensaje propio. Consiste en identificar las preguntas, los lenguajes y los espacios donde se está formando la percepción pública.

Facilitar información no da derecho a controlar el resultado

La relación con periodistas tiene normas conocidas: convocatorias, documentación, entrevistas, embargos y derecho a preguntar. Con los creadores digitales, las prácticas son más desiguales. Algunas colaboraciones son editoriales, otras comerciales y otras nacen de un interés espontáneo. La primera obligación es que esa diferencia resulte visible.

Si una institución paga una colaboración, ofrece un viaje o facilita una ventaja material, el público debe saberlo. La Comisión Europea recuerda que los contenidos promocionales de los influenciadores deben identificarse de manera transparente. En el ámbito público, esa claridad es aún más importante porque se utilizan recursos comunes y se comunica sobre decisiones que afectan a derechos y servicios.

La transparencia no se resuelve con una palabra escondida. Debe permitir entender quién financia la pieza, qué libertad tuvo el creador y dónde consultar la fuente oficial. Una colaboración declarada puede ser legítima y útil. Un contenido aparentemente espontáneo que reproduce un guion institucional sin identificar su origen deteriora a la institución y al creador.

También conviene evitar otro extremo: imponer a toda persona que solicita información las condiciones de una campaña publicitaria. Un creador puede querer entrevistar, preguntar o criticar. La administración debería facilitar datos verificables con criterios razonables y comparables, aunque no controle el enfoque final.

La inteligencia artificial introduce nuevas preguntas. Un canal puede generar voces, presentadores o resúmenes automáticos. Una institución puede entregar un paquete ya convertido en vídeos y textos. Cuanto más fácil sea publicar, más necesario será distinguir el documento original, la interpretación del creador y los elementos sintéticos.

La UNESCO ha advertido que muchos creadores se enfrentan a la presión de publicar con rapidez y no siempre disponen de recursos suficientes para comprobar la información. Su trabajo sobre creadores digitales subraya la necesidad de fortalecer la verificación y la alfabetización informacional. La respuesta institucional no debe ser desacreditarlos en bloque, sino ofrecer mejores fuentes, personas accesibles y documentos que puedan contrastarse.

Entender a los creadores también obliga a mejorar la información oficial

Los creadores no deberían convertirse en un atajo para evitar una web incomprensible o una atención ciudadana que no responde. Si una ayuda pública solo se entiende después de ver un vídeo de terceros, el problema principal continúa en la información oficial.

La colaboración útil empieza por publicar contenidos que puedan reutilizarse con seguridad: datos actualizados, explicaciones sencillas, imágenes acreditadas, fechas, condiciones y contacto para resolver errores. La institución debe conservar una página canónica a la que puedan conducir los vídeos, los pódcast y las publicaciones sociales.

Este punto conecta con la necesidad de que las páginas oficiales ofrezcan información clara para personas y sistemas de IA. Un ecosistema de comunicación más distribuido no reduce la importancia de la fuente oficial. La aumenta, porque muchas voces necesitan un lugar estable donde comprobar nombres, competencias, procedimientos y cambios.

Un gobierno que entiende a los creadores no es el que consigue más menciones favorables. Es el que sabe qué comunidades existen, qué información necesitan y qué condiciones protegen su independencia. A veces la relación adecuada será una entrevista; otras, una sesión técnica, un acceso a datos o simplemente una respuesta rápida y documentada.

La síntesis es esta: periodistas y creadores cumplen funciones distintas, pero ambos forman parte de la circulación actual de la información pública. Las instituciones deben reconocer esa diversidad, facilitar fuentes verificables y declarar cualquier relación pagada. La IA puede ayudar a encontrar comunidades y adaptar formatos. No debe utilizarse para fabricar apoyos, ocultar patrocinios ni sustituir una información oficial que todavía no se entiende.

Un debate ya no se gana solo en televisión, sino en los clips del día siguiente

Este artículo forma parte de la serie «El futuro del poder», una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando los debates, su difusión posterior y la forma en que la ciudadanía reconstruye lo ocurrido.

Un debate ya no se gana solo en televisión, sino en los clips del día siguiente. Millones de personas no ven la emisión completa. Conocen lo ocurrido por un corte de veinte segundos, una reacción, un meme, una búsqueda o el comentario de alguien a quien siguen. El directo sigue siendo importante, pero ya no tiene la última palabra sobre su propio significado.

Esto cambia la preparación de los dirigentes y también la responsabilidad de quienes comunican desde un partido, un gobierno o una institución. Antes bastaba con pensar en la intervención que debía funcionar durante la emisión. Ahora hay que pensar, además, en cómo sobrevivirá cada frase cuando se separe de la pregunta, del tono y de los minutos anteriores.

La inteligencia artificial acelera esa segunda vida. Puede transcribir el debate mientras sucede, localizar menciones, extraer fragmentos, añadir subtítulos y comparar reacciones. La ventaja operativa es evidente. El riesgo también: una máquina puede producir miles de cortes antes de que un equipo haya decidido cuáles informan y cuáles deforman.

El debate continúa cuando termina la emisión

En El futuro del poder explico que un debate no es solo un intercambio de argumentos. También es una producción audiovisual en la que intervienen la escenografía, los planos, los turnos, el tiempo y la reacción del público. La televisión organiza una experiencia común, pero las redes la descomponen después en pequeñas escenas que viajan por separado.

Un dirigente puede haber desarrollado una propuesta durante tres minutos y acabar representado por una pausa incómoda. Otro puede haber evitado responder y, sin embargo, circular como vencedor gracias a una frase bien construida. Ambas imágenes pueden proceder de hechos reales. Lo que cambia es la proporción que adquieren cuando un fragmento sustituye al conjunto.

La conversación posterior tampoco se limita a las redes. Los clips llegan a informativos, tertulias, grupos de mensajería y buscadores. Se convierten en la materia prima con la que muchas personas forman su primera impresión. Por eso el día siguiente no es una simple repetición del debate: es una segunda disputa por decidir qué ocurrió.

La IA permite observar esa circulación con mucha más rapidez. Un equipo puede identificar qué respuestas generan dudas, qué asuntos se buscan después y qué afirmaciones están siendo interpretadas de forma incorrecta. Esa información sirve para aclarar, aportar documentos y responder a una pregunta que el formato televisivo dejó abierta.

Pero medir no equivale a comprender. El fragmento más compartido no tiene por qué ser el más importante ni el que mejor representa la valoración ciudadana. Puede circular porque indigna, porque resulta cómico o porque una comunidad muy activa lo impulsa. La velocidad del dato no elimina la necesidad de leer el contexto.

Esta es la misma cautela que planteaba al explicar por qué miles de menciones no demuestran que la ciudadanía haya entendido un mensaje. La atención señala dónde mirar; no decide por sí sola qué conclusión sacar.

Un buen clip conserva la pregunta que permite entender la respuesta

Editar es inevitable. Ninguna red social distribuye con la misma facilidad un debate completo que un vídeo breve. El criterio no puede ser publicar todo, sino reducir sin engañar. Eso exige conservar los elementos que cambian el sentido de la intervención.

Una respuesta sobre impuestos puede parecer una promesa general si desaparece la condición que la limitaba. Una cifra puede resultar extraordinaria si se elimina el año de comparación. Una réplica puede sonar agresiva si no se muestra la acusación que la precedió. El corte es técnicamente auténtico y, al mismo tiempo, editorialmente falso.

La IA puede ayudar a detectar estos problemas. Puede recuperar la pregunta original, enlazar el fragmento con la transcripción completa y advertir de que una frase depende de otra pronunciada unos segundos antes. También puede generar subtítulos accesibles y versiones adaptadas sin cambiar el contenido esencial.

La decisión final debería seguir siendo humana y trazable. El equipo que publica un clip debe poder explicar por qué empieza y termina en esos segundos. Además, conviene enlazar la fuente completa o una transcripción consultable. No todo el mundo la abrirá, pero su existencia permite comprobar el contexto y corrige con rapidez una interpretación equivocada.

La responsabilidad aumenta cuando se utilizan imágenes o voces sintéticas. Un resumen narrado por IA puede resultar útil, siempre que no se presente como una intervención real. El público debe distinguir entre lo que dijo el participante, la selección editorial realizada por un equipo y una recreación producida para explicar el contenido.

Las plataformas ya exigen identificar determinados contenidos significativamente alterados o sintéticos. YouTube, por ejemplo, obliga a declarar las modificaciones realistas que hacen parecer que una persona dijo o hizo algo que no ocurrió. Esa regla es un mínimo. En comunicación política, el estándar debería ser que nadie necesite descubrir por su cuenta qué parte pertenece al debate y qué parte fue añadida después.

Preparar el día siguiente no significa fabricar un ganador

Un equipo profesional debe anticipar los temas que probablemente continuarán después del directo. Puede tener preparados documentos, cifras, vídeos explicativos y portavoces capaces de ampliar una respuesta. La IA facilita encontrar y publicar esos materiales en el momento oportuno.

Lo que no debería hacer es utilizar esa capacidad para construir una victoria automática. Declarar que un dirigente ganó porque su clip acumuló más reproducciones confunde distribución con persuasión. Las campañas pueden movilizar comunidades, comprar alcance o repetir un fragmento hasta convertirlo en tendencia. Nada de eso demuestra que las personas indecisas hayan cambiado de opinión.

El análisis serio combina señales. Observa qué se comparte, pero también qué preguntas aparecen, qué verifican los medios, cómo cambia la búsqueda de información y qué dudas persisten. Si se realizan encuestas, deben explicar su muestra y su margen de error. Si se utilizan sistemas automáticos de sentimiento, hay que reconocer que la ironía, el contexto y los usos locales del lenguaje pueden confundirlos.

También es importante que el dirigente conserve una posición reconocible. El equipo puede preparar respuestas rápidas, pero no debería corregir cada reacción pública con un mensaje distinto. Como señalaba en el artículo sobre discursos y credibilidad, la tecnología mejora la preparación, no sustituye la coherencia acumulada.

La síntesis es esta: el debate televisado es ya el comienzo de una conversación y no su desenlace. Los clips permiten ampliar ideas y llegar a quienes no vieron el directo, pero deben conservar la pregunta, el contexto y un camino hacia la fuente completa. La IA puede acelerar la edición y el análisis. No puede convertir el fragmento más visible en una prueba automática de verdad, comprensión o victoria.

La inteligencia artificial multiplica los vídeos políticos, pero puede borrar la voz del dirigente

Este artículo forma parte de la serie «El futuro del poder», una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando el vídeo político, la identidad de los dirigentes y la relación entre producción y responsabilidad.

La inteligencia artificial multiplica los vídeos políticos, pero puede borrar la voz del dirigente. Una intervención larga puede convertirse en decenas de fragmentos, versiones verticales, resúmenes, subtítulos y traducciones. El ahorro de tiempo es enorme. También lo es el riesgo de que, al adaptar cada pieza para cada público, termine hablando una personalidad distinta en cada pantalla.

La comunicación política siempre ha editado. Un vídeo elimina silencios, ordena planos y selecciona los minutos más claros. La IA permite hacer ese trabajo con una velocidad antes imposible y localizar automáticamente una frase entre horas de grabación. Además, puede redactar guiones, corregir sonido, traducir la voz o generar un avatar que pronuncie el mensaje sin una nueva sesión ante la cámara.

La pregunta no es si esas herramientas deben utilizarse. La pregunta es qué parte del discurso puede automatizarse sin que el dirigente deje de ser responsable de lo que aparece diciendo.

Una intervención puede tener muchos formatos sin tener muchas verdades

En El futuro del poder describo un ecosistema audiovisual donde una misma idea se adapta a YouTube, TikTok, Instagram, un pódcast o una emisión en directo. Cada espacio pide una duración, un ritmo y un lenguaje visual diferentes. La IA permite producir esas versiones y medir cuál mantiene mejor la atención.

La adaptación es razonable. Una explicación de veinte minutos no cabe completa en un vídeo vertical de treinta segundos. El problema surge cuando la búsqueda de rendimiento empieza a modificar no solo la forma, sino también el sentido. Una promesa puede aparecer sin su condición, una cifra sin la comparación que la explica y una respuesta sin la pregunta que la provocó.

La hiperpersonalización añade otra dificultad. Si el sistema prepara una versión sobre vivienda para jóvenes, otra sobre seguridad para un barrio y una tercera sobre impuestos para empresarios, cada mensaje puede ser correcto por separado y contradictorio en conjunto. La campaña ya no adapta una explicación: ofrece identidades distintas a públicos que quizá nunca vean las demás versiones.

Por eso debe existir un núcleo verificable. Los datos, los compromisos y los límites no pueden cambiar con el formato ni con la audiencia. La edición puede elegir el ejemplo que resulte más cercano, pero no fabricar una posición nueva para cada segmento.

El vídeo largo conserva aquí una función importante. No todo debe reducirse a piezas breves. Como explico en el libro, YouTube y los videopódcasts permiten desarrollar propuestas complejas, responder a objeciones y mostrar los matices que desaparecen en un corte. Los fragmentos deberían conducir hacia esa fuente completa, no sustituirla.

Esta necesidad coincide con lo planteado en el artículo sobre la segunda vida de los actos públicos. El material posterior amplía el alcance, pero debe conservar contexto, accesibilidad y relación con el acontecimiento original.

Un avatar puede repetir la voz y perder la responsabilidad

Los avatares y las voces sintéticas permiten grabar una vez y producir muchas versiones. Pueden facilitar traducciones, mensajes accesibles o explicaciones rutinarias. También pueden hacer que un dirigente aparente haber pronunciado palabras que nunca revisó.

La eficiencia no debería romper la cadena de aprobación. Si una pieza utiliza el rostro o la voz de una persona real, esa persona o su equipo autorizado debe validar el contenido final, no solo un guion genérico. Cambiar una pausa, una entonación o un gesto puede alterar el significado político de una frase.

YouTube exige declarar el contenido significativamente alterado o sintético cuando parece real, incluyendo los vídeos que hacen que una persona diga o haga algo que no dijo ni hizo. Su política distingue esas modificaciones de apoyos de producción como la corrección de color o la preparación de un guion. En 2026, la plataforma ha reforzado además la visibilidad de esas etiquetas.

En la Unión Europea, el artículo 50 del Reglamento de IA obliga a identificar los deepfakes y determinados contenidos generados para informar sobre asuntos de interés público. La transparencia legal es necesaria, pero una campaña o una institución deberían aplicar un criterio más sencillo: que nadie confunda una actuación sintética con una comparecencia real.

La etiqueta tampoco resuelve la cuestión de la autenticidad política. Un avatar perfectamente identificado puede seguir pronunciando un mensaje vacío, contradictorio o aprobado sin atención. La voz reconocible de un dirigente no convierte automáticamente el texto en suyo.

Cuanto más fácil sea generar respuestas personalizadas, más importante será definir qué asuntos requieren presencia real. Una felicitación protocolaria puede admitir automatización. Una explicación sobre una crisis, una decisión controvertida o un error público exige asumir el momento, la voz y las preguntas.

La tecnología debe descargar trabajo de producción, no descargar responsabilidad. Igual que un algoritmo no puede convertirse en excusa para una decisión, un avatar no puede convertirse en sustituto permanente del dirigente que debe explicarla.

La voz se conserva con coherencia, límites y presencia

Un equipo puede utilizar IA para transcribir, buscar cortes, generar subtítulos, mejorar audio, preparar versiones y traducir. Puede incluso ensayar distintas estructuras antes de grabar. Esos usos amplían la capacidad creativa y permiten dedicar más tiempo al criterio.

Pero conviene conservar una fuente completa, registrar qué piezas son sintéticas y comprobar que las versiones mantienen los mismos compromisos. También hay que proteger los momentos en los que la ciudadanía espera ver a una persona real respondiendo sin una intermediación que oculte su reacción.

En El futuro del poder advertía que la producción automatizada y adaptativa podía convertir un mensaje en un objeto que cambia durante el día según las reacciones del público. Esa capacidad ya no debe valorarse solo por cuántos vídeos permite fabricar. Debe juzgarse por si mejora la comprensión sin fragmentar la identidad del emisor.

La síntesis es esta: la IA puede multiplicar formatos, idiomas y oportunidades de contacto. No debería multiplicar las posiciones del dirigente ni prestar su rostro a mensajes que no ha asumido. La comunicación política necesita adaptarse a cada pantalla, pero la voz pública debe seguir teniendo un autor reconocible, una versión completa y alguien dispuesto a responder por ella.

La foto oficial compite ahora con imágenes sintéticas que pueden parecer verdaderas a simple vista

Este artículo forma parte de la serie «El futuro del poder», una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando la imagen pública, la comunicación política y la confianza en las instituciones.

La foto oficial compite ahora con imágenes sintéticas que pueden parecer verdaderas a simple vista. La diferencia no siempre está en la calidad. Una fotografía real puede estar mal iluminada y una escena inexistente puede resultar impecable. El problema comienza cuando quien la recibe ya no sabe si está viendo un momento que ocurrió, una imagen retocada o una situación fabricada por completo.

Las instituciones y los dirigentes siempre han seleccionado el encuadre, la expresión y el escenario que mejor representan su mensaje. La edición tampoco es nueva: corregir luz, color o contraste forma parte del trabajo fotográfico. La IA acelera esas tareas y permite revisar centenares de imágenes en pocos minutos. También abre una puerta distinta: añadir personas, cambiar fondos, reconstruir gestos o producir una escena que nunca pasó.

La frontera importante no separa lo artesanal de lo automático. Separa la mejora de un documento visual de la invención de un hecho.

Una buena fotografía selecciona la realidad, no la sustituye

En El futuro del poder explico que cada detalle de una fotografía oficial contribuye a la percepción pública. La expresión, la postura, el uso de las manos y el contexto pueden transmitir seguridad, cercanía o renovación. También analizo cómo la IA puede elegir rápidamente las imágenes que contienen una interacción clara, corregir problemas técnicos y adaptar una misma fotografía a distintos formatos.

Esa capacidad es especialmente útil después de un acto. El equipo puede localizar el instante en que una explicación coincide con una reacción del público, preparar versiones horizontales y verticales y publicar mientras la noticia conserva interés. El resultado sigue procediendo de algo que ocurrió ante una cámara.

El salto aparece cuando la herramienta deja de ajustar la imagen y empieza a reescribir el acontecimiento. Eliminar un cable del suelo no tiene el mismo significado que llenar una sala vacía. Corregir una dominante de color no equivale a situar a un dirigente junto a ciudadanos con los que nunca habló. Suavizar el ruido de una fotografía antigua no es lo mismo que fabricar una visita oficial.

En comunicación pública conviene formular una pregunta sencilla: ¿la modificación cambia lo que una persona razonable entendería que sucedió? Si la respuesta es afirmativa, ya no estamos ante una mejora meramente técnica.

La tentación será grande porque las imágenes sintéticas permiten obtener exactamente la escena que el equipo desea. No hay miradas desviadas, fondos molestos ni gestos inoportunos. Pero esa perfección también puede borrar la información que la fotografía debía conservar. La imagen deja de documentar la actuación pública y se convierte en una representación publicitaria.

Esto enlaza con una idea desarrollada en el artículo sobre la vida posterior de los actos públicos: fotografías y vídeos construyen un archivo que permite comprobar qué se anunció y cómo ocurrió. Si el original desaparece o se mezcla con versiones fabricadas, la institución pierde parte de su memoria.

La transparencia necesita algo más que una etiqueta pequeña

Desde agosto de 2026, las obligaciones de transparencia del Reglamento europeo de IA exigen identificar los contenidos audiovisuales que constituyan deepfakes. La Comisión Europea explica que las imágenes, los audios y los vídeos generados o manipulados con IA deben divulgarse de forma clara cuando puedan confundirse con contenido auténtico.

La norma establece un suelo, no resuelve por sí sola toda la confianza. Una advertencia escondida al final de una página puede cumplir formalmente y pasar desapercibida cuando la imagen circula recortada. La institución debe pensar en la vida real del archivo: una captura puede viajar sin pie de foto, un medio puede descargarla y una red social puede eliminar parte de sus metadatos.

Por eso la trazabilidad debe acompañar al contenido. Conviene conservar el original, registrar las ediciones relevantes y mantener una versión oficial accesible. Los estándares de credenciales de contenido de C2PA permiten incorporar información verificable sobre la procedencia y el historial de una imagen. No demuestran que todo lo representado sea verdadero, pero ayudan a saber quién publicó el archivo y qué transformaciones declara.

La ausencia de una credencial tampoco prueba que la imagen sea falsa. Las cadenas de procedencia pueden romperse al exportar, comprimir o reenviar. La solución no consiste en atribuir a una etiqueta técnica una certeza que no posee, sino en combinarla con archivos originales, identificación editorial y canales oficiales.

La propia imagen debería ofrecer contexto cuando la modificación sea sustancial. Si una administración utiliza una recreación para mostrar cómo quedará una plaza, debe decir que es una simulación. Si genera una ilustración sobre un servicio futuro, debe evitar presentarla como una fotografía de usuarios reales. El público puede aceptar una imagen sintética; lo que deteriora la confianza es descubrir después que fue presentada como documento.

La inteligencia artificial también puede ayudar a proteger esa autenticidad. Puede comparar versiones, detectar alteraciones y localizar dónde empezó a circular una copia engañosa. Sin embargo, los detectores tienen límites y no deberían convertirse en jueces automáticos. La mejor defensa sigue siendo publicar pronto una fuente reconocible y conservar una cadena documental clara.

La imagen oficial debe poder sostener una pregunta

Una fotografía institucional no necesita ser neutral ni espontánea. Tiene un propósito comunicativo y selecciona una mirada. Lo que sí necesita es poder sostener una pregunta básica: ¿esto ocurrió de la manera que la imagen sugiere?

La IA puede ayudar a elegir, ordenar, restaurar y adaptar imágenes sin romper ese pacto. Incluso puede utilizarse para crear piezas abiertamente ilustrativas cuando la finalidad esté clara. El límite aparece cuando la eficacia visual se consigue atribuyendo al mundo un hecho inexistente.

Como señalaba al hablar de discursos y credibilidad, la tecnología puede mejorar la forma, pero no prestar una confianza que la conducta no ha construido. Con las imágenes sucede lo mismo. Un retrato sintético puede ser más atractivo que una fotografía real, pero no puede demostrar cercanía, escucha o liderazgo.

La síntesis es esta: la foto oficial seguirá siendo una herramienta de representación, pero deberá distinguir con claridad entre edición, recreación y documento. Conservar los originales, declarar las alteraciones sustanciales y ofrecer procedencia verificable no reduce la creatividad. Protege el valor público de una imagen en un momento en que verla ya no basta para creerla.

Un acto público ya no termina cuando se apagan las luces y cierran las puertas

Este artículo forma parte de la serie «El futuro del poder», una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando los actos públicos, su producción y la forma en que circulan después.

La comunicación de los actos públicos ya no puede calcularse únicamente por las personas que ocupan las sillas. Una inauguración, una presentación o una comparecencia puede reunir a cien asistentes y llegar después a miles mediante fotografías, vídeos, citas, noticias y conversaciones digitales.

La mayor parte de esa audiencia no verá el acto completo. Recibirá una escena, una frase o un fragmento de pocos segundos. Tal vez lo encuentre horas más tarde, separado del momento en que fue pronunciado y acompañado por el comentario de otra persona.

Por eso un acto ya no termina cuando se apagan las luces y cierran las puertas. Su vida pública continúa. Diseñar esa segunda vida no significa convertir la institución en un plató permanente. Significa preparar contenidos comprensibles, verificables y accesibles para quienes no estuvieron allí.

La sala es solo la primera audiencia

Durante mucho tiempo, la organización de un acto se concentró en el lugar, el protocolo, los invitados y la cobertura de los medios. Todo eso sigue importando. Pero ahora el evento funciona también como origen de muchas piezas posteriores.

En El futuro del poder explico que el contenido concebido para televisión debe pensarse también para su vida en las redes. La misma idea se aplica a cualquier acto institucional. La posición de los intervinientes, la calidad del sonido, la duración de las respuestas y la disponibilidad de materiales condicionan lo que podrá entenderse después.

Una intervención de veinte minutos puede transformarse en una noticia, tres cortes de vídeo, una fotografía, una cita y una respuesta a una pregunta frecuente. Si el acto no ofrece momentos claros ni datos comprobables, otros elegirán por la institución qué fragmento lo representa.

La comunicación posterior no debería improvisarse al regresar a la oficina. Debe formar parte del diseño inicial, igual que la seguridad o el acceso de los asistentes.

Pensar en la circulación posterior obliga a ordenar el contenido. ¿Cuál es la noticia? ¿Qué dato puede comprobarse? ¿Qué decisión se anuncia y cuándo tendrá efecto? ¿Dónde encontrará la ciudadanía la información completa?

Cuando esas preguntas se responden antes del acto, la intervención suele resultar más clara para quienes están en la sala. El portavoz evita rodeos, los materiales ofrecen contexto y los periodistas pueden formular preguntas más precisas.

Esto no exige pronunciar frases artificiales cada pocos segundos. Un acto construido únicamente para producir titulares puede perder sustancia y credibilidad. La preparación debe ayudar a explicar una decisión real, no sustituirla con una escenografía.

Como señalaba en el artículo sobre la IA y los discursos políticos, la tecnología puede mejorar las palabras y el ensayo. No puede prestar al dirigente una credibilidad que sus decisiones no hayan construido.

Una frase puede ser exacta y, al mismo tiempo, resultar engañosa si se separa de la pregunta que la provocó o de la condición que la acompañaba. El problema no afecta solo a quienes recortan un vídeo con mala intención. También aparece cuando el propio equipo busca una pieza breve y elimina demasiado.

La institución debe preparar fragmentos que puedan entenderse sin haber visto los minutos anteriores. Si una cifra necesita comparación, la comparación debe aparecer. Si una medida está condicionada a una fecha o a una aprobación, esa condición no puede desaparecer para conseguir un corte más rotundo.

Conviene que cada pieza conduzca a una fuente principal donde estén el discurso completo, los documentos y las preguntas esenciales. Así, una persona puede ampliar la información y un periodista puede verificarla.

Este cuidado es todavía más importante porque cada vez más personas reciben información sin entrar en la web que la publicó. El fragmento puede viajar muy lejos de su página original.

La accesibilidad se decide antes de grabar

Publicar un vídeo no garantiza que todos puedan utilizarlo. Una persona sorda necesita subtítulos. Alguien que no puede reproducir el audio en ese momento agradece también poder leerlo. Una imagen relevante puede requerir descripción y una intervención extensa necesita una transcripción que permita localizar la información.

La accesibilidad no debería añadirse varios días después, cuando el interés ya ha pasado. Hay que preverla en la producción: obtener un sonido limpio, identificar a quienes hablan, conservar el guion y preparar la revisión de los subtítulos automáticos.

Las pautas del W3C señalan que los subtítulos de un vídeo pregrabado deben estar sincronizados y recoger no solo el diálogo, sino también la identificación de los hablantes y los sonidos necesarios para comprender el contenido. La exigencia convierte los subtítulos en parte del mensaje y no en un adorno técnico.

La IA acelera la transcripción, la traducción y la generación de versiones. Pero todavía necesita revisión, especialmente con nombres propios, términos locales, cifras y palabras pronunciadas en entornos ruidosos.

Después de un acto, un equipo puede enfrentarse a horas de grabación, centenares de fotografías y varias intervenciones. La IA puede localizar cuándo se mencionó un asunto, proponer cortes, clasificar imágenes y preparar borradores de subtítulos o resúmenes.

Esta capacidad reduce tareas mecánicas y permite publicar mientras el asunto sigue siendo relevante. También facilita adaptar una explicación a formatos diferentes sin grabarla de nuevo desde el principio.

El riesgo consiste en confundir el momento más llamativo con el más importante. Un sistema entrenado para maximizar la atención tenderá a seleccionar la frase emocional, la interrupción o el gesto inesperado. Puede dejar fuera la explicación que da sentido a la decisión.

La selección final necesita criterio editorial. La institución debe decidir si la pieza ayuda a comprender, si respeta lo sucedido y si representa el propósito del acto. La eficiencia de la IA no sustituye esa responsabilidad.

Transmitir un acto por internet no lo convierte automáticamente en una experiencia híbrida. La audiencia remota necesita escuchar bien, identificar a los participantes, acceder a los documentos y encontrar una forma de plantear preguntas cuando el formato lo permita.

Si la emisión muestra durante una hora una mesa lejana y un sonido deficiente, la institución ha ampliado técnicamente el acceso, pero no necesariamente la comprensión. El diseño debe considerar al público remoto como una audiencia real, no como un espectador residual.

Esto cambia también la duración y la estructura. Puede ser preferible ofrecer una explicación principal clara, separar las preguntas por asuntos y publicar después capítulos identificables. La grabación completa debe conservarse cuando tenga valor documental, pero no puede ser la única forma de acceder al contenido.

La alternativa textual para contenidos audiovisuales pregrabados añade otra vía para comprender la información y facilita su consulta posterior.

Las piezas posteriores no sirven únicamente para obtener alcance durante unos días. Construyen un archivo de compromisos, explicaciones y decisiones. Una fotografía, una transcripción o un vídeo completo pueden permitir meses después comprobar qué se anunció y en qué términos.

Por eso conviene conservar originales, fechas y versiones. Si la IA ha generado un resumen, debe poder relacionarse con la grabación de la que procede. Si una fotografía ha sido editada, debe mantenerse el archivo original y evitar cambios que alteren el sentido de la escena.

Esta memoria facilita la rendición de cuentas y ayuda a que la información oficial pueda ser recuperada por buscadores y asistentes. También evita que la única versión disponible sea el fragmento que más circuló.

Una institución que conserva bien sus actos no acumula simplemente archivos. Construye una fuente pública que periodistas, ciudadanos y futuros equipos pueden consultar.

El acto termina cuando deja de ser útil

La vida posterior de un evento debe planificarse con proporción. No todos los actos necesitan veinte vídeos ni todas las intervenciones merecen convertirse en una campaña. La pregunta no es cuánto contenido puede producirse, sino qué necesita conocer cada audiencia.

Un buen diseño permite que la persona que estuvo presente comprenda la decisión, que quien llega después encuentre una explicación breve y que quien necesita verificarla acceda a la fuente completa. La IA puede acelerar la transformación del material y adaptar sus formatos. El equipo humano debe proteger el contexto, la accesibilidad y la utilidad.

La síntesis es esta: un acto público ya no termina al cerrar la sala porque sus imágenes y palabras siguen circulando. Preparar esa segunda vida amplía el acceso y mejora la memoria institucional. Pero el objetivo no es fabricar más contenido. Es conseguir que lo que ocurrió pueda entenderse, comprobarse y utilizarse también por quienes no estuvieron allí.

Cuando una institución tarda en explicar una crisis, otros llenan el silencio con rumores

Este artículo forma parte de la serie «El futuro del poder», una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando la respuesta institucional, la comunicación de crisis y la relación con la ciudadanía.

La comunicación institucional en una crisis empieza antes de que una administración disponga de todas las respuestas. Cuando ocurre un incendio, una avería grave, una contaminación del agua o una interrupción de un servicio esencial, las personas necesitan saber qué sucede y qué deben hacer. Si la institución tarda demasiado, ese vacío se llena.

Lo llenan los testimonios incompletos, las fotografías sin contexto, los mensajes reenviados y las explicaciones interesadas. Algunos rumores nacen de la voluntad de engañar. Muchos otros aparecen porque alguien intenta dar sentido a una situación incierta con los pocos datos que tiene.

Responder deprisa no significa improvisar. Significa publicar cuanto antes una versión oficial verificable, distinguir lo conocido de lo que todavía se investiga y comprometerse a actualizar la información. La velocidad importa, pero la confianza depende de no fingir una certeza que aún no existe.

El silencio también comunica

Una institución puede creer que no está diciendo nada hasta disponer de un informe completo. Para la ciudadanía, sin embargo, esa ausencia ya transmite un mensaje. Puede interpretarse como desorganización, ocultación o indiferencia.

En El futuro del poder analizo la capacidad de los sistemas de escucha para detectar una narración emergente antes de que se convierta en una crisis consolidada. La IA puede observar cómo se repite una afirmación, en qué comunidades aparece y qué contenidos están acelerando su difusión.

Esa alerta temprana permite ganar tiempo. No autoriza a contestar sin comprobar los hechos ni convierte cada comentario en una amenaza. Una institución necesita distinguir entre una duda razonable, una información errónea que se extiende y una operación deliberada de manipulación.

El objetivo no es perseguir todas las conversaciones, sino reconocer pronto las que pueden afectar a la seguridad, al uso de un servicio o a la confianza en una decisión pública.

Durante una crisis es habitual retrasar la comunicación porque faltan datos. Se teme corregir una cifra o reconocer que la causa todavía no está clara. Esa prudencia es comprensible, pero puede terminar entregando la iniciativa a fuentes menos fiables.

La primera comunicación puede ser breve si responde a las necesidades inmediatas. Debe confirmar que la institución conoce el problema, indicar qué información está verificada, explicar qué está haciendo y ofrecer una hora o un canal para la siguiente actualización.

La Organización Mundial de la Salud recomienda comunicar pronto y con transparencia, declarando qué se sabe, qué no se sabe y qué se está haciendo para reducir la incertidumbre. Su enfoque de comunicación de riesgos combina información, escucha comunitaria y seguimiento de medios para mantener los mensajes conectados con las preocupaciones reales.

Reconocer una incógnita no debilita necesariamente a la institución. Puede aumentar su credibilidad si después cumple con las actualizaciones prometidas. Lo que deteriora la confianza es presentar como definitivo algo que cambia a los pocos minutos sin explicar por qué.

En una emergencia, diferentes departamentos pueden publicar mensajes bienintencionados pero incompatibles. Una cuenta anuncia una hora, otra utiliza una cifra distinta y una tercera enlaza un documento antiguo. La ciudadanía no sabe qué versión debe seguir y los medios dedican parte de su trabajo a reconciliar contradicciones internas.

La institución necesita una fuente principal actualizada: una página, un aviso o un espacio identificable donde aparezca la versión vigente. Las redes, los mensajes a medios y los canales de atención deben conducir hacia esa fuente, no competir con ella.

Esta arquitectura es especialmente importante porque la comunicación pública ya no puede depender de un solo canal. El mensaje debe adaptarse a cada formato, pero los datos fundamentales tienen que coincidir.

La hora de la última actualización debe ser visible. También debe quedar claro qué ha cambiado. Así, una captura antigua puede identificarse rápidamente y un asistente de IA tiene más posibilidades de recuperar la versión correcta.

Corregir un rumor sin ayudar a difundirlo

No todos los rumores merecen una respuesta pública. Repetir una afirmación apenas conocida puede darle una audiencia que no tenía. Ignorar una falsedad que ya condiciona la conducta de la población puede ser igualmente peligroso.

La decisión depende de su alcance, de la velocidad de propagación y del daño posible. Si un mensaje falso lleva a las personas a abandonar una zona segura, beber agua que no deben o evitar un servicio necesario, la institución tiene que actuar. Si se trata de una publicación aislada sin capacidad de crecer, quizá baste con vigilarla y responder directamente a quienes consultan.

Cuando sea necesario corregir, conviene empezar por el hecho verdadero y la conducta recomendada. Después puede aclararse la falsedad sin convertirla en el titular. Las pruebas deben ser accesibles: datos, mapas, fotografías, informes o la intervención de una fuente competente.

La guía RESIST del servicio de comunicación del Gobierno británico propone reconocer la amenaza, establecer alertas, comprender la situación, analizar el impacto, responder estratégicamente y comprobar después la eficacia. La secuencia evita que la institución reaccione por impulso ante cada contenido.

Durante una crisis, la IA puede agrupar miles de mensajes, localizar preguntas repetidas y detectar que una misma imagen se está utilizando con explicaciones diferentes. También puede ayudar a resumir informes, preparar versiones para distintos canales y comparar el comunicado con la información técnica disponible.

Pero los sistemas también pueden equivocarse precisamente cuando el contexto cambia con rapidez. Pueden mezclar lugares, confundir fechas o presentar como confirmado un dato provisional. Un resumen automático puede eliminar una excepción esencial o convertir una recomendación condicionada en una orden general.

La rapidez de la herramienta no elimina la necesidad de una fuente humana autorizada. Las piezas que afectan a la seguridad deben pasar por una verificación clara y breve. El equipo de comunicación necesita saber quién confirma cada dato y cómo localizarlo, incluso fuera del horario habitual.

La IA resulta más útil cuando la organización ya ha preparado sus responsabilidades. Sin una cadena de decisión, solo permite producir más versiones del mismo desconcierto.

La comunicación de crisis no termina al publicar un comunicado. Hay que comprobar si la población ha entendido las instrucciones, si persisten dudas y si algunas personas no están recibiendo la información.

Las preguntas que llegan a los teléfonos de atención, a los servicios de emergencia, a los medios y a las redes muestran dónde falla el mensaje. La IA puede organizarlas y advertir que una expresión técnica está causando confusión o que un barrio necesita información específica.

La propia OMS define la comunicación de riesgos como un intercambio en tiempo real entre autoridades, especialistas y personas afectadas. Identificar y gestionar pronto los rumores forma parte de esa conversación, igual que escuchar preocupaciones y hablar con honestidad sobre lo conocido y lo desconocido.

Esta escucha no debe convertirse en una obsesión por controlar la conversación. Su función es descubrir qué necesita saber la ciudadanía para protegerse y qué debe corregir la institución para seguir siendo una fuente útil.

La confianza se construye actualización a actualización

Una respuesta sólida combina preparación y capacidad de adaptación. Antes de la crisis deben existir responsables, contactos, canales y criterios de aprobación. Durante la crisis hay que publicar con rapidez, documentar los cambios y mantener una voz reconocible. Después conviene revisar qué preguntas llegaron tarde, qué dato generó confusión y qué canal falló.

El modelo de comunicación de crisis del Gobierno británico organiza el trabajo alrededor de la preparación, la respuesta y la recuperación. Su insistencia en ofrecer información rápida, clara, precisa y útil recuerda que comunicar no es un complemento de la gestión: forma parte de ella.

La síntesis es sencilla: cuando una institución calla durante una crisis, otras voces ocupan el espacio. La respuesta no necesita fingir que todo está resuelto, pero sí debe aparecer pronto, apoyarse en hechos y mantenerse actualizada. La IA puede detectar rumores y acelerar el trabajo; la credibilidad seguirá dependiendo de que la institución diga la verdad, reconozca sus límites y cumpla la próxima hora que anunció.

Tener miles de menciones no significa que la gente haya entendido una decisión pública

Este artículo forma parte de la serie «El futuro del poder», una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando la manera de escuchar, medir y comunicar desde las instituciones.

Medir la comunicación pública se ha vuelto más fácil y, al mismo tiempo, más engañoso. Una institución puede saber cuántas personas vieron un vídeo, cuántas compartieron una publicación y cuántas veces apareció una medida en medios y redes. Puede recibir un informe lleno de cifras pocas horas después de una comparecencia.

Esos datos explican hasta dónde circuló el mensaje. No demuestran que la ciudadanía lo comprendiera.

Una ayuda puede alcanzar miles de menciones y seguir generando las mismas preguntas en las oficinas de atención. Un cambio en la movilidad puede producir millones de impresiones y dejar a los vecinos sin saber cuándo empieza, a qué calles afecta o qué deben hacer. La visibilidad es una condición de la comunicación, pero no es su resultado final.

Una cifra grande puede contar una historia pequeña

En El futuro del poder analizo cómo las métricas digitales permiten observar el alcance, el tiempo de permanencia, los clics y el comportamiento posterior de distintas audiencias. Son señales valiosas porque ayudan a comparar contenidos y a detectar qué asuntos despiertan interés.

El problema aparece cuando una cifra se presenta sin responder qué significa. Diez mil reproducciones pueden corresponder a personas que vieron el vídeo completo o a usuarios que lo abandonaron después de unos segundos. Una publicación muy compartida puede estar recibiendo apoyo, críticas o bromas. Un aumento de búsquedas puede expresar interés, preocupación o simple confusión.

Incluso el tono positivo o negativo necesita contexto. Una reacción de enfado puede dirigirse contra la medida, contra la manera de explicarla o contra una información falsa que circula junto a ella. Reducir toda esa conversación a un color verde o rojo elimina precisamente lo que la institución necesita comprender.

La primera pregunta, por tanto, no debería ser cuántas menciones hemos obtenido. Debería ser qué queríamos que la gente supiera, sintiera o hiciera después de recibir la información.

La OCDE distingue varias capas al evaluar la comunicación pública. Primero están los productos que la institución crea y distribuye. Después aparecen las reacciones inmediatas de la audiencia, como el recuerdo o la comprensión. Más adelante se observan cambios de actitud o comportamiento y, finalmente, la contribución a un objetivo público.

La diferencia parece evidente, pero no suele reflejarse en los cuadros de mando. En una consulta realizada en 2025 a responsables públicos de comunicación, la OCDE encontró que el 72 % medía visualizaciones, mientras que solo entre el 21 % y el 30 % estudiaba cambios de comprensión, actitud o conducta. Apenas un 5 % evaluaba la contribución de la comunicación a los objetivos de la política.

Una campaña sobre una nueva sede electrónica puede obtener un gran alcance y fracasar si los ciudadanos siguen abandonando el trámite en el mismo paso. Una explicación sobre prevención puede gustar mucho y no modificar ninguna conducta. En esos casos, la pieza funcionó como contenido, pero no necesariamente como comunicación pública.

La institución necesita relacionar lo que publica con lo que ocurre después. Ese vínculo rara vez aparece en una sola plataforma.

Las preguntas repetidas son también una métrica

Una parte importante de la comprensión se encuentra fuera de las redes. Está en las llamadas recibidas, en los motivos de una cita previa, en los errores de un formulario, en las consultas que llegan al registro y en las explicaciones que un empleado debe repetir cada mañana.

Si cientos de personas preguntan si pueden solicitar una ayuda, cuánto les corresponde, qué documentos necesitan o cuándo termina el plazo, esas dudas no son una molestia separada de la comunicación. Son la prueba de qué partes del mensaje no han quedado claras.

La IA puede ayudar a agrupar esas preguntas, detectar expresiones distintas que esconden el mismo problema y observar cómo cambian después de una nueva explicación. También puede relacionar la conversación pública con señales del servicio: visitas a una página, descargas, solicitudes completas, reclamaciones o citas presenciales.

Esta mirada amplía la idea de escucha que desarrollé en el artículo sobre cómo una institución escucha antes de decidir. Escuchar no consiste únicamente en reunir opiniones. También consiste en descubrir dónde se rompe la comprensión.

Los sistemas actuales permiten clasificar grandes volúmenes de conversación, identificar asuntos emergentes y comparar la atención recibida por diferentes mensajes. En proyectos de MMI Analytics, esta capacidad se utiliza para convertir medios, redes y señales públicas en conocimiento útil para los equipos de comunicación.

Pero contar menciones no basta. Importan la fuente, el contexto, el tono, el protagonismo, la audiencia y el valor real de cada aparición. Una noticia de alcance limitado en un medio especializado puede influir más en una decisión que cientos de publicaciones repetidas. Un vídeo viral puede atraer una gran atención y no llegar al público que necesita realizar el trámite.

La IA ayuda a reducir el ruido y a encontrar patrones que una persona difícilmente localizaría a tiempo. La interpretación requiere después conocimiento del asunto, contraste con otras fuentes y criterio profesional. Una conversación digital intensa no representa automáticamente a toda la población, del mismo modo que una sala llena no representa a todo el municipio.

La tecnología debe servir para formular mejores preguntas, no para convertir señales parciales en una falsa encuesta permanente.

Una métrica es útil cuando permite tomar una decisión. Si el dato solo confirma que la campaña tuvo mucha difusión, puede producir satisfacción sin aprendizaje.

Antes de publicar, la institución debería definir qué espera conseguir. Tal vez necesita que los usuarios conozcan una fecha, que comprendan una obligación o que completen correctamente un procedimiento. Cada objetivo exige señales diferentes y un momento distinto de evaluación.

Después conviene comparar lo observado con una situación anterior. Si disminuyen las dudas repetidas, aumentan los trámites completados o se reduce el tiempo que necesita el personal para explicar el mismo asunto, la comunicación está produciendo un efecto comprobable. Si no cambia nada, el número de impresiones no debería impedir revisar el mensaje.

El marco de evaluación de la OCDE recomienda combinar métodos cuantitativos y cualitativos y relacionar los indicadores con los objetivos. La conversación con usuarios, las pruebas de comprensión y la experiencia del personal de atención aportan información que no cabe en el contador de una red social.

Un mensaje puede ser recordado y, aun así, no resultar útil. La comunicación pública necesita conducir a una acción posible: presentar una solicitud, evitar un riesgo, participar en una consulta o entender por qué se tomó una decisión.

Por eso una institución no debería evaluar únicamente si la ciudadanía reconoce el asunto, sino si encuentra la información necesaria para actuar. Esta exigencia incluye publicar contenidos coherentes en todos los canales y mantener una fuente oficial suficientemente clara para las personas y para los asistentes de IA.

Como explicaba en el artículo sobre las respuestas que ChatGPT ofrece acerca de alcaldes y gobiernos, hoy muchos usuarios reciben una contestación sin visitar la web institucional. Si la fuente pública es ambigua, antigua o contradictoria, la confusión puede propagarse aunque la publicación original haya conseguido un alcance excelente.

La medida correcta empieza por la pregunta correcta

Las menciones, las visualizaciones y las interacciones seguirán siendo necesarias. Permiten conocer la circulación del mensaje, comparar formatos y detectar una conversación que crece. Lo que no deberían hacer es ocupar el lugar de la comprensión, la confianza o el resultado público.

La síntesis es esta: tener miles de menciones significa que una decisión ha generado atención. Para saber si la ciudadanía la ha entendido hay que mirar también sus preguntas, sus acciones y su experiencia con el servicio. La IA puede conectar esas señales y hacerlas visibles, pero la institución debe decidir qué quiere aprender de ellas y qué está dispuesta a corregir.

Cuando un algoritmo aconseja a un gobierno, alguien debe responder también por sus errores

Este artículo forma parte de la serie «El futuro del poder», una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando la manera de decidir, gobernar y comunicar desde las instituciones.

La responsabilidad por decisiones con IA empieza antes de que el sistema emita una recomendación. Empieza cuando una administración decide para qué va a utilizarlo, qué información le entregará y quién tendrá autoridad para aceptar o rechazar su consejo.

Un algoritmo puede detectar expedientes con riesgo de incumplimiento, ordenar solicitudes, señalar posibles fraudes o sugerir dónde concentrar una inspección. Puede revisar miles de documentos con una velocidad imposible para un equipo humano. Pero si su recomendación perjudica injustamente a una persona, la respuesta no puede ser que «lo decidió el sistema».

La máquina no ocupa un cargo público, no comparece ante un órgano de control y no atiende una reclamación. Alguien debe responder por la calidad de los datos, por el uso de la recomendación y por las consecuencias de la decisión final.

El algoritmo aconseja dentro de una cadena humana

En El futuro del poder describo una administración en la que la IA puede vigilar cambios normativos, comprobar procedimientos y advertir de riesgos antes de que se conviertan en incumplimientos. Es un cambio importante: el control deja de mirar únicamente lo que ya ocurrió y empieza a ayudar a prevenir errores.

Sin embargo, ningún sistema aparece solo. Una persona define el problema, otra contrata o desarrolla la herramienta, un equipo selecciona los datos y alguien decide cómo se integrará el resultado en el procedimiento. Después, un empleado público interpreta la recomendación o actúa sobre ella.

Cuando todas esas intervenciones se esconden detrás de la palabra «algoritmo», parece que la decisión no pertenece a nadie. La responsabilidad se dispersa entre el proveedor, el área técnica, el departamento jurídico y el órgano que firma. Precisamente por eso debe quedar definida antes de empezar.

La OCDE señala que, en la mayoría de los usos públicos, los algoritmos informan o influyen en decisiones humanas más que sustituirlas por completo. Esa descripción es útil porque devuelve la atención a la cadena real: el sistema aconseja, pero una organización decide qué hacer con su consejo.

Cuando una recomendación es incorrecta, resulta tentador buscar un fallo puntual en el programa. A veces existe. Pero muchos errores nacen antes: en una base de datos incompleta, en una categoría mal definida o en un objetivo que parecía razonable y produjo efectos inesperados.

Un sistema que prioriza las solicitudes con mayor probabilidad de resolverse rápidamente puede reducir el tiempo medio de tramitación. Al mismo tiempo, puede relegar los expedientes complejos de las personas que más necesitan ayuda. El modelo habrá cumplido la instrucción, aunque el servicio público haya empeorado para un grupo concreto.

También puede aprender de decisiones anteriores que contenían desigualdades. Si una zona fue inspeccionada con mayor frecuencia durante años, tendrá más incidencias registradas. El sistema puede interpretar ese historial como prueba de un riesgo superior y recomendar todavía más inspecciones allí. El dato parece objetivo, pero refleja la forma en que se actuó en el pasado.

Por eso no basta con comprobar que el programa funciona. Hay que examinar si la finalidad es legítima, si los datos describen de manera adecuada a la población y si el resultado perjudica de forma desproporcionada a determinadas personas.

Supervisión humana no significa firmar al final

La expresión «supervisión humana» puede resultar tranquilizadora y, al mismo tiempo, no significar casi nada. Si una empleada recibe cada mañana cientos de recomendaciones generadas por un sistema que no puede comprender ni cuestionar, su firma final no convierte el proceso en una verdadera decisión humana.

Supervisar exige tiempo, formación, información y autoridad para detener el procedimiento. La persona responsable necesita conocer qué datos ha utilizado el sistema, qué grado de incertidumbre existe y en qué situaciones suele fallar. Debe poder apartarse de la recomendación sin ser castigada simplemente por hacerlo y dejar constancia de sus razones.

La orientación de la Comisión Europea sobre el Reglamento de IA establece que las personas encargadas de supervisar sistemas de alto riesgo deben contar con la competencia, formación y autoridad necesarias. También exige que las autoridades públicas evalúen previamente determinados impactos sobre los derechos fundamentales. La supervisión, por tanto, debe ser efectiva y no una formalidad añadida al expediente.

Esto requiere algo que muchas organizaciones todavía no tienen: una descripción sencilla del papel de cada participante. Quién puede aprobar el uso del sistema, quién controla su rendimiento, quién valida cada tipo de recomendación y quién ordena suspenderlo si aparece un riesgo.

La responsabilidad institucional se comprueba cuando alguien discrepa del resultado. Una ciudadana no debería necesitar conocimientos de programación para impugnar una decisión que afecta a una ayuda, una sanción o el acceso a un servicio.

Debe saber que se utilizó un sistema de IA cuando ese uso resulte relevante, comprender las razones principales de la decisión y encontrar un cauce atendido por una persona capaz de revisarla. La reclamación no puede convertirse en otro formulario que termine automáticamente en el mismo sistema cuestionado.

El derecho a recibir una explicación útil no se satisface con entregar una fórmula matemática ni una descripción genérica del proveedor. La explicación debe relacionar la decisión con el caso concreto: qué información se tuvo en cuenta, qué regla influyó y qué puede corregirse si los datos eran erróneos.

La Comisión Europea recuerda que, cuando determinados sistemas de alto riesgo ayudan a tomar decisiones sobre personas, estas deben ser informadas. El Reglamento también refuerza el registro, la vigilancia y la respuesta ante incidentes. Esas garantías serán eficaces solo si se traducen en procedimientos comprensibles para quien está al otro lado de la administración.

La trazabilidad suele presentarse como una obligación técnica, pero es también una protección profesional. Si queda constancia de la versión del sistema, los datos disponibles, la recomendación emitida y el criterio utilizado para aceptarla o rechazarla, el empleado puede demostrar cómo actuó.

Sin ese registro, una decisión tomada de buena fe puede resultar imposible de reconstruir meses después. El proveedor habrá actualizado el modelo, los datos habrán cambiado y cada departamento recordará una parte distinta del proceso.

La documentación debe ser proporcionada al riesgo. No necesita convertir cada trámite menor en un expediente interminable. Pero cuanto mayor sea el efecto sobre los derechos, las oportunidades o la vida de una persona, más clara debe ser la huella de la decisión.

En este punto, el conocimiento institucional no puede permanecer disperso en carpetas, correos y cabezas sueltas. La memoria del proceso forma parte de la capacidad de responder.

La IA puede detectar una correlación que merece atención sin conocer su causa. Puede recomendar investigar un expediente, pero no necesariamente sancionarlo. Puede señalar una anomalía, aunque esta se deba a una situación excepcional perfectamente legítima.

Una administración responsable distingue entre una alerta, una recomendación y una decisión. No utiliza el mismo nivel de confianza ni las mismas garantías para las tres. El sistema puede ayudar a dirigir la mirada de un profesional, pero no debería transformar una sospecha estadística en una consecuencia automática sin comprobación suficiente.

Esta diferencia será todavía más importante cuando los asistentes de IA produzcan respuestas redactadas con seguridad y acompañadas de argumentos convincentes. La calidad de la prosa no demuestra la calidad del razonamiento. Una respuesta ordenada puede apoyarse en datos incompletos o interpretar mal una norma.

Por eso las instituciones necesitan publicar información oficial clara y actualizada, pero también conservar la capacidad de comprobar cualquier respuesta generada a partir de ella.

La responsabilidad no se compra con el programa

Contratar una herramienta no equivale a transferir la obligación pública de responder. El proveedor debe asumir responsabilidades sobre el producto, la seguridad y las condiciones acordadas. Pero la institución sigue siendo responsable de haber elegido el uso, de integrarlo en su procedimiento y de vigilar sus efectos.

Eso obliga a evaluar no solo la precisión inicial del sistema, sino su comportamiento con el paso del tiempo. Las normas cambian, la población cambia y los datos cambian. Una herramienta que funcionaba bien al comenzar puede degradarse o producir efectos distintos cuando se aplica a otro departamento.

La síntesis es clara: cuando un algoritmo aconseja a un gobierno, la responsabilidad debe tener nombres, funciones y un cauce de reclamación. La IA puede mejorar el control y reducir errores, pero no puede convertirse en la explicación final de una decisión pública. Si nadie puede explicar quién validó el resultado y quién debe corregirlo, el problema no está solo en el algoritmo. Está en la institución que decidió utilizarlo sin preparar la respuesta.

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